El 60% de las empresas mexicanas de videojuegos se financia con recursos propios. El 0% se financia con banca o con gobierno. Y el 90% opera con modelo mixto, es decir, paga sus proyectos propios trabajando para clientes ajenos.

Esas tres cifras, del diagnóstico sectorial más reciente, describen con precisión un modelo de negocio que no es industrial: es artesanal, autofinanciado y estructuralmente frágil. Y explican por qué 1,091 videojuegos documentados no se convirtieron en 1,091 empresas.

La estructura financiera del sector, dato por dato

El hallazgo del 0%

El dato más elocuente no es el 60%: es el 0%.

México tiene banca de desarrollo. Tiene programas de apoyo a la pequeña y mediana empresa. Tiene una Secretaría de Economía que anunció en marzo de 2025 una comisión para impulsar las industrias creativas, con los videojuegos en la lista. Tiene gobiernos estatales con programas de innovación. Tiene, incluso, un régimen de exportación de servicios digitales con tasa 0% de IVA vigente desde noviembre de 2025.

Y aun así, ninguna empresa del sector reporta financiarse con banca o gobierno.

Eso significa una de dos cosas, y probablemente las dos: o los instrumentos existentes no son accesibles para un estudio de videojuegos —porque exigen garantías, historial de facturación o activos fijos que un estudio de software no tiene—, o el sector no los conoce ni los tramita, porque nunca ha existido una instancia que le explique cómo.

Por qué un estudio de videojuegos no encaja en el crédito tradicional

— Anuncio Pagado —

La dificultad es estructural, no cultural. Un crédito bancario requiere, en términos generales, capacidad de pago demostrable, garantías o colateral, e historial fiscal y crediticio.

Un estudio mexicano típico no tiene ninguna de las tres:

• Su capacidad de pago es futura e incierta. Depende de un juego que aún no existe y cuyo ingreso se desconoce.
• No tiene colateral. Sus activos son computadoras, licencias de software y propiedad intelectual. Los dos primeros se deprecian rápido; el tercero no es aceptado como garantía por la banca comercial.
• Su historial es corto. Muchos equipos operan de manera informal durante los primeros años, sin facturación regular.

El resultado es que el sistema financiero formal —que sí financia restaurantes, talleres y comercios— no tiene un producto que se adapte al ciclo de producción de un videojuego, que tarda de dos a cuatro años y no genera un peso hasta el lanzamiento.

El costo real de financiarse con recursos propios

Cuando el 60% del sector se financia con ahorro personal y más del 90% de los proyectos se hace con recursos propios o familiares, el costo no es solo financiero: es humano y de tiempo.

Un proyecto autofinanciado tiene tres límites duros:

1. El tamaño del equipo. Cada persona adicional es un gasto sin ingreso asociado hasta el lanzamiento. Eso reduce los equipos a dos o tres integrantes que cubren programación, arte, diseño, sonido y marketing a la vez.
2. La duración del desarrollo. Los proyectos avanzan en tiempo libre o a medio tiempo. Un juego que tomaría dos años con equipo completo se estira a cuatro o cinco.
3. La capacidad de promoción. El marketing es el primer gasto que desaparece cuando el presupuesto es propio, y en un mercado saturado la promoción decide el lanzamiento.

Y hay un cuarto costo que casi nunca se contabiliza: el ingreso que los integrantes dejaron de percibir. Un desarrollador que trabaja medio tiempo en su proyecto durante tres años está invirtiendo, además del gasto, la diferencia entre su salario actual y lo que ganaría dedicado a otra cosa.

Los datos que lo confirman desde el otro lado

La estructura financiera explica el resto de los números del sector:

• La mitad de los encuestados gana menos de 20,000 pesos al mes, según el propio diagnóstico sectorial. Es consistente con un modelo donde las empresas no tienen margen para pagar más.
• La mitad de los juegos independientes no genera ingresos. Un proyecto que no vende no reinvierte ni paga nómina.
• El 24% de las empresas —las de servicios— concentra el 79% del empleo. Es decir: el dinero que sí entra al sector viene de vender trabajo a otros, no de vender juegos propios.

En conjunto, la ecuación del sector mexicano es esta: las empresas sobreviven prestando servicios, y con ese ingreso financian productos que en la mitad de los casos no venden. Es un modelo que funciona mientras el cliente extranjero siga contratando, y que no acumula patrimonio.

Qué instrumentos sí funcionarían

La experiencia de otros países ofrece tres modelos que no requieren que la banca tradicional entienda el videojuego:

1. Fondos con participación en la propiedad intelectual. En lugar de un crédito con garantías, un fondo que invierta a cambio de un porcentaje de la franquicia. El retorno viene del éxito del juego, no de la capacidad de pago previa.
2. Crédito fiscal a la producción. Un porcentaje de los gastos de desarrollo acreditable contra impuestos, condicionado a que la propiedad intelectual permanezca en México. Es el modelo más extendido entre los países con industria consolidada.
3. Fondos de promoción internacional. El equivalente a Brasil Games: llevar estudios a ferias y conectarlos con compradores, que es lo que convierte un producto terminado en un contrato.

Ninguno de los tres existe en México. Y el cuarto pilar, el más básico, tampoco: no hay medición oficial del sector, sin la cual ningún fondo puede justificar su presupuesto ni evaluar sus resultados.

La Pregunta que Queda Abierta

Si el 0% del sector se financia con banca o gobierno, ¿qué está fallando: el instrumento o el solicitante?

La respuesta documentada apunta a los dos. El instrumento no está diseñado para un ciclo de producción de años sin ingreso intermedio, y el solicitante típico —un equipo de dos o tres personas, sin facturación regular y sin activos colaterales— no tiene cómo cumplir los requisitos. Mientras esa brecha no se cierre, el capital del videojuego mexicano seguirá siendo el ahorro de quien lo hace.