El sistema mexicano clasifica el contenido de los videojuegos, pero no su modelo de negocio. Las cajas de botín quedan en un vacío legal mientras otros países ya legislaron.
México aprobó un IEPS del 8% a los videojuegos violentos y después lo neutralizó con un estímulo del 100%. La razón de fondo: nadie pudo definir con precisión qué se estaba gravando.
