El Estado clasificó el contenido en 2020, intentó gravar la violencia en 2025 y creó una comisión de industrias creativas. Ninguno de esos instrumentos financia, mide ni promueve al sector.
El 60% de las empresas mexicanas de videojuegos se financia con recursos propios y ninguna reporta financiamiento bancario o público. El capital del sector es el ahorro de quien lo hace.
